Diputados oficialistas impulsan
ley para limitar tamaño de los campos, que se concretaría mediante una reforma del
Código Civil, y estableceiendo un máximo de 5.000 hectáreas dentro de una misma
provincia, como el límite que no podría superar en propiedad ninguna persona
física o jurídica. También abren la puerta a la expropiación de campos cuando
se verifique que no pagan sus obligaciones tributarias.
Los diputados Francisco Plaini (Buenos Aires) y Oscar Albrieu (Río Negro), ambos
integrantes del bloque oficialista, presentaron un proyecto de ley que propone
modificar el Código Civil de la Nación y retomar el espíritu de la Constitución
peronista de 1949 en cuanto a la función social de la propiedad, incluida la
tierra.
Lo que proponen los legisladores,
entre otras cuestiones, es la “prohibición” para cualquier persona física ni
jurídica ni unidad agrícola familiar, de poseer “un inmueble rural que supere
las cinco mil hectáreas (5.000 ha) dentro de la misma provincia”. Sin embargo,
esto es muy simple de eludir, ya sea inventando nuevas personas jurídicas o
colocando testaferros en el caso de las personas físicas.
La iniciativa establece otra
modificación que trae un previsible malestar en el sector al cual la medida se
dirige, máxime después de la expropiación de YPF donde el gobierno ha
demostrado que no le temblará la mano a la hora de asegurarse que su “modelo”
político y económico tenga garantías de continuidad.
Así los legisladores habilitan a
la “expropiación o división y venta de los inmuebles rurales de grandes
extensiones que no produzcan renta”. La norma prevé como forma de determinar la
improductividad del campo “cuando no se pague impuesto vinculado a producción
agropecuaria y/o industrial”.
La iniciativa añade también otras
modificaciones al Código, como asegurar el respeto a las servidumbres cuando
haya propiedades que abarquen ríos o lagunas permitiendo el acceso y la
circulación por el agua que atraviesa dichas propiedades.
Otra de las modificaciones que
plantea la norma es la impedir la subdivisión de una unidad económica en otra
antieconómica, como ocurre en algunas provincias como Santa Fe, Río Negro,
Córdoba, La Pampa mediante la reglamentación del Art. 2326 del Código Civil que
es el que se plantea modificar.
Los diputados afirman inspirarse
para el proyecto nada menos que en “la doctrina proclamada por el General Juan Domingo Perón que quedó plasmada
en la Constitución de 1949 en su artículo 38 referido a la función social de la
propiedad, el capital y la actividad económica”, sostienen.
“La propiedad privada tiene una
función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que
establezca la ley con fines de bien común” consigna el mencionado artículo que
recuerdan los legisladores.
“Incumbe al Estado fiscalizar la
distribución y la utilización del campo o intervenir con el objeto de
desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar
a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario
de la tierra que cultiva. ...”, concluyen en su cita los diputados peronistas.
Habrá que escuchar ahora al campo, a Eduardo Buzzi y a Hugo Biolcati entre otros, a ver qué dice el sector... incluyendo los autoconvocados. Sin embargo, desde el oficialismo afirman que si tienen intenciones de aprobar esta Ley, lo harán, tal como lo viene haciendo con todas las iniciativas recientes.
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