miércoles, 6 de octubre de 2010

CONFERENCIA: GRAMSCI Y EL CAMBIO DEL SENTIDO COMÚN

antonio Gramsci ha muerto

El jueves 14 de octubre a las 19:00hs en el aula 7 de la Facultad de Derecho de la UCALP (57 entre 13 y 14 de La Plata), se llevará a cabo una conferencia dictada por el Docente de nuestra Casa sede San Martín, Dr. Hugo Verdera titulada: "Gramsci y el cambio del sentido común. Vigencia del gramscismo y sus consecuencias socioculturales".

La entrada será libre y gratuita.

Temática

1. Introducción

2. La filosofía de Gramsci.

3. La sociología de Gramsci.

4. La Política de Gramsci.

5. La estrategia de Gramsci para con la Iglesia Católica

6. Conclusión

ACTO EN HOMENAJE POR LAS VÍCTIMAS DE LA SUBVERSIÓN (SILENCIO PERIODÍSTICO)

acto x victimas del terrorismo octubre de 2009

Por Eduardo Palacios Molina

Ayer (5/10/2010) se reunieron en Plaza San Martín un grupo de ciudadanos argentinos a rendir homenaje a las víctimas del terrorismo y pese a la aparente cobertura periodística por el desplazamiento de fotógrafos y cámaras  de canales de televisión, antes y durante el acto que comenzó a las 19 horas como se había programado,  la ausencia de toda información sobre este evento fue una respuesta inexplicable. La exagerada difusión de la organización denominada "barrios de pié",  que ocuparon la avenida 9 de Julio de la ciudad de Buenos Aires para demostrar su descontento por la 'inequitativa' limosna que perciben del Estado los  integrantes de esta "pandilla",  ocupó los primeros titulares del día junto con los asaltos, el paro de línea de colectivos por un chofer cobardemente asesinado por un delincuente,  los crímenes truculentos del día y comentarios acerca del resonante fallo de la SCJN acerca de la Ley de Medios, pateando la pelota para ser tratada dentro de dos años. 

Pocos supieron  que este 5 de octubre se reunió en Plaza San Martín un grupo selecto de personas, cuyo número estable podría rondar en las 2000 personas, para rendirle homenaje a las víctimas  del terrorismo en la Argentina. Una larga nómina de militares, profesionales, dirigentes gremiales, docentes, amas de casa, niños de todas las edades, fueron las victimas, ocuparon la atención por espacio de casi dos horas a los oradores y a las proyecciones documentales que se realizaron sobre grandes pantallas. Hubo víctimas sobrevivientes que fueron invitadas a dirigirse a los presentes, para que relataran su vivencia bajo el terrorismo, haciendo uso de la palabra un joven padre de familia colombiano que pudo exponer con crudeza la maldad de los componentes de las FARC que hubieron de ocupar el sur de la ciudad de Medellín, impidiendo a los vecinos  salir de sus casas, perdiendo por ello a una pequeña hija que por no ser atendida médicamente en el momento,  quedó disminuida mentalmente de por vida. Habló la hija de un jefe policial de la provincia de Formosa, víctima del ataque a un batallón del E.A , que fue agredido a traición en forma feroz produciendo decenas de bajas de soldados conscriptos, suboficiales y oficiales de E. A. Habló el doctor Emilio Hardoy presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, iniciando el acto la señora Silvia Ibarzábal, presidente de  la agrupación que fuera creada por la doctora Victoria Villarroel; la señora Silvia Ibarzábal, hija de una víctima que al igual que el coronel Argentino del Valle Larrabure, que fue asesinado por el terrorismo. Hubo otros importantes oradores y llamó la atención de los presentes la excelente organización, ya que tanto el montaje de un amplio escenario convenientemente iluminado, así como una iluminación a giorno, el excelente equipo de audio, como las inmensa pantallas donde se reflejaban las imágenes no solo de los oradores, sino de valiosísimos videos documentales, que ilustraban a los presentes los temas que en esas dos horas se trataron. Pasaron el infame ataque contra la SCJN de la dirigente para terrorista Hebe de Bonafini, que fue repudiada públicamente. También se trató el tema de la inmoral protección que la presidente le ha brindado al terrorista chileno Galvarino Sergio Apablaza Guerra. Se reprodujeron videos en todas las pantallas con las últimas declaraciones del presidente de Chile don Sebastián Piñera, reclamando públicamente la extradición de este terrorista que protege vergonzosamente el régimen de los Kirchner, siendo aplaudido vivamente por el público, apoyando el petitorio chileno y repudiando la actitud del régimen K.

Todo esto lo sabremos en detalle, en el momento que recibamos una 'gacetilla' por parte de los organizadores. Lo que si pudimos comprobar es que los medios de prensa son responsables de haber silenciado este evento y que por su calidad esperábamos tuviese difusión nacional e internacional. Si bien el periodismo local se ha caracterizado por ser vocero de las izquierdas, este acto merecía ser difundido, solo por el hecho de ser la actitud de un  sector de la ciudadanía. Llamó también la atención la defensa pública del Santo Crucifijo, que muchos llevaban prendido en el lado izquierdo de su pecho y de una organización que portaba crucifijos de madera orlados con la cinta celeste y blanca, manifestando su desaprobación al ataque de Carmen Argibay (hoy magistrada de la SCJN) exigiendo que los crucifijos se retiren de los edificios y lugares públicos. Estuvieron presentes dos sacerdotes, uno luciendo su tradicional sotana que según nos enteramos pertenecía a la Congregación de San Pío X" (Obispo Lefebvre) y otro, un obispo ortodoxo. Ingenuamente creíamos  que el Cardenal Primado había enviado un representante, pero cuando nos acercamos al obispo para preguntarle si esta presunción era acertada, nos dio a conocer su identidad y la equívoca presunción. O sea que la Iglesia Católica estuvo representada por todos los bautizados que allí estábamos, pero que el Arzobispado no se adhirió ni siquiera por escrito al acto.

ESPAÑA: RECHAZAN AFIRMACIONES DE LA MINISTRO AIDO, PARA QUIEN ABORTAR NO ES ACABAR CON LA VIDA DE UN SER HUMANO

a bebe-aido

A continuación, reproducimos el texto de una declaración pública del Centro Jurídico Santo Tomás Moro de Madrid, España, que rechaza las peligrosas afirmaciones de la ministro Aido, afirmando que abortar no es acabar con la vida de un ser humano:

Este Centro Jurídico se ve en la necesidad de disentir firme y amargamente de las afirmaciones realizadas por la ministra Aido en una respuesta parlamentaria a UPN.

Efectivamente, la ministra interpelada por el partido Unión del Pueblo Navarro, ha llegado a afirmar que "el Gobierno no puede compartir la afirmación de que la interrupción del embarazo sea la eliminación de un ser humano".

Desde luego la afirmación no sólo es incierta, sino falaz e incompatible con el cargo de Ministra que ostenta la citada Señora Bibiana Aido. No vamos a discutir en este momento lo que de suyo es una verdad científicamente indiscutible, y emocionalmente compartido por cualquier madre: la vida surge desde el momento de la concepción.

Dado que la ministra ni tiene experiencia real de lo que es la ciencia, ni experiencia real de lo que es la maternidad, este Centro Jurídico considera inútil argumentar con razones científicas y sentimentales que ni comprendería, ni compartiría la antedicha ministra.

No obstante, Aido ha hecho gala una vez más de incongruencia lógica y jurídica. Efectivamente, si el nasciturus no fuera vida humana, tal y como llega a afirmar la ministra, no haría falta ninguna regulación legal para dar cobertura al aborto, al igual que no existe cobertura legal para la extracción de una muela, a para la eliminación de un orzuelo.

No obstante, si dicha afirmación es completamente inveraz e ilógica, más peligrosas aún para la sociedad es otra afirmación realizada igualmente en respuesta parlamentaria, por la que la ministra manifestaba que “abortar no supone acabar con una vida humana porque sobre el concepto de ser humano no existe una opinión unánime, una evidencia científica, ya que por vida humana nos referimos a un concepto complejo basado en ideas o creencias filosóficas, morales, sociales y, en definitiva, sometida a opiniones o preferencias personales".

El afirmar que no existe opinión unánime sobre lo que ha de entenderse por vida, y remitir dicha consideración a las creencias filosóficas, morales y sociales, alejando la discusión del único terreno posible, el científico, es una afirmación sumamente peligrosa al relativizar la vida humana. En este sentido, sus afirmaciones son contrarias al derecho natural, que enseña que el derecho a la vida es una realidad absoluta, incuestionable, y que constituye el derecho primero y básico de cualquier ser humano. Igualmente, dichas afirmaciones son contrarias no sólo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también a numerosos tratados y convenios internacionales suscritos por España.

En este sentido, resulta sumamente peligroso que la Ministra utilice los mismos argumentos que utilizaron los antiabolicionistas del siglo XIX para defender la esclavitud, o que utilizó el régimen nacionalsocialista alemán para justificar la persecución de judíos, cristianos y gitanos.

Este Centro Jurídico, cree que la titular del Ministerio de Igualdad debería retractarse públicamente de sus afirmaciones, al ser claramente incompatibles con los Derechos Humanos, con nuestra Constitución, con los más elementales principios científicos, y sobre todo, por ser dichas afirmaciones contrarias al derecho natural.

Secretaría de Comunicación

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JEFE DE LA AFIP TIENE DINERO “EN NEGRO” EN EL EXTERIOR

corrupto

El "gestor" del poder dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Andrés Vázquez, acumuló casi medio millón de dólares en dos cuentas bancarias secretas en el Caribe y en Europa, fondos que mantuvo por fuera de los controles formales y que no declaró ante el fisco, es decir, ante el organismo para el cual trabaja, según una nota publicada por La Nación el día 3 de octubre de 2010, firmada por Hugo Alconada Mon, la cual a continuación se resume.

La existencia de esos fondos consta en documentos bancarios confidenciales anexados a dos investigaciones en curso en la justicia argentina, que obtuvo y verificó el diario La Nación, ya que el funcionario movió el dinero presentándose como "contador independiente".

Vázquez, urgido por el vocero de la AFIP, Pedro López, dijo que la información "no tiene ningún asidero" y que "nunca" tuvo cuentas en el exterior. Esa cuenta con 461.000 dólares figura, en un expediente que se instruye en el Juzgado Federal N° 9 de Comodoro Py, a cargo actualmente de Sergio Torres; y en otro expediente que tramita ante el Juzgado Criminal de Instrucción N° 35, que, a su vez, delegó la investigación en la Fiscalía N° 49. Allí, el fiscal Mariano Solessio quedó encargado de investigar a los cientos de clientes de la cueva del BNP Paribas; entre ellos, a Vázquez.

La ex interventora del PAMI Graciela Ocaña es quien inició el primer expediente denunciando en 2007 a un gerenciador de la obra social, Miguel Romano, sin resultados judiciales aun, después de más de tres años de supuesta pesquisa.

Cuando los investigadores comenzaron a indagar sobre el patrimonio de Romano, pronto se toparon con un par de cuentas bancarias "negras", y finalmente se encontraron con una sucursal no declarada del BNP y otros 500 clientes vip -Vázquez, entre ellos- que sumaban en total más de 251 millones de dólares.

Vazquez es el Jefe de la Dirección Regional Sur Metropolitana de la AFIP, y cuenta con autonomía propia. Por eso, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, le enrostra ser quien ordenó el megaoperativo de 200 inspectores contra el Grupo Clarín, que provocó la condena internacional en septiembre de 2009.

El entorno de Echegaray endilga a Vázquez mantener un vínculo directo con la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), y de allí con la quinta de Olivos, convirtiéndolo en casi un intocable, algo que se potencia al ser el encargado, desde su puesto formal, de controlar la prolijidad tributaria de empresas de dos figuras patagónicas, muy cercanas al kirchnerismo: Lázaro Báez y Cristóbal López, como reveló La Nacion en varios artículos publicados en 2009 y este año.

Vázquez transfirió al extranjero 461.000 dólares por medio de una cuenta que abrió con la filial argentina del gigante holandés ING, enviando el dinero a su filial en Curaçao, la isla más grande de las Antillas Holandesas y uno de los paraísos fiscales del Caribe.

En la cuenta figuran Vázquez y su hermana, ya que parte de los fondos corresponderían a la venta del inmueble que pertenecía a sus padres, aunque el funcionario de la AFIP aparece registrado como su "primer titular", por aportar el grueso del dinero, y se presentó como "contador independiente".

ING Argentina vendió su cartera de clientes antes de su salida del país, y BNP Paribas se quedó con su cartera formal, incluyendo a clientes “en las sombras”, la que gestionó desde una "sucursal" no declarada ante el Banco Central (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF) o la AFIP, según determinó el entonces el titular subrogante del Juzgado Federal N° 9, Octavio Aráoz de Lamadrid.

En “la cueva”

Contactado por los ejecutivos de la "cueva" del BNP, Vázquez eligió entre la opción de girar sus fondos a Suiza o Luxemburgo, inclinándose por la segunda opción. En la operatoria, el BNP asentó tres datos llamativos en un formulario interno: 1) que Vázquez tenía un estudio contable "con tres empleados administrativos" en Talcahuano 1943 de la Capital Federal, pero esa dirección no existe (la calle sólo llega hasta el número 1300); 2)  que Vázquez aparece como "dueño" de ese estudio contable, lo cual está prohibido por Ley para todos los empleados de la AFIP, a pesar de que en “la cueva” asentaron que "siempre trabajó en su propio estudio como asesor de empresas, sobre todo pymes. Siempre trabajó en forma independiente"; y 3) en el formulario negó que "El titular o beneficiario económico ejerce un cargo público".

En los registros de la cuenta figuran otros datos de Vázquez. Su fecha de nacimiento y su número de documento -que coinciden con los del funcionario de la AFIP-, y un estimado de sus ingresos anuales: 300.000 dólares.

LA MANIOBRA

1) En una "cueva": El funcionario de la AFIP Andrés Vázquez, director de la seccional Metropolitana Sur, abre una cuenta bancaria en una "cueva" de la ciudad de Buenos Aires.

2) Transferencia: Vázquez transfiere su dinero a la sucursal de ING en Curaçao, una isla de las Antillas Holandesas. Envió 461.000 dólares. ING vende su cartera "blanca" de clientes al BNP Paribas.

3) Clientes "en negro": Una vez completada aquella última operación, BNP Paribas contacta a la cartera "en negro" de clientes de ING. Vázquez transfiere los fondos a una filial del BNP Paribas en Luxemburgo.

4) Allanamiento: En abril de 2007, la entonces interventora en el PAMI, Graciela Ocaña, denuncia al gerenciador de la obra social, Rubén Romano, ante la Justicia. Cinco meses después, en busca de datos para esa investigación, la Gendarmería allana la "cueva" de BNP Paribas, en el 27° piso del edificio situado en Alem 855. Termina secuestrando la información sobre unos 500 clientes con "dinero negro".

5) Bajo investigación: Los papeles con los movimientos del dinero atribuido a Vázquez quedan en poder de la Justicia. En junio de 2008, la Justicia extrae testimonios y se abre otra investigación. Más de dos años después, y tras su paso por varios juzgados, la causa no registra mayores avances.

6) Fuera del anonimato: Poco después, Vázquez salta a la luz pública al ser mencionado por su jefe directo, Ricardo Echegaray, como el responsable de haber ordenado un megaoperativo fiscal en Clarín.

EN PARANÁ EL MUNICIPIO RETIRÓ AFICHES CON FOTOS DE UN ABORTO

foto de un aborto

En la foto: Los afiches son retirados por sus imágenes ofensivas y morbosas (Imagen el Canal 11)

El defensor del Pueblo adjunto de la ciudad, Pablo Donadío, dijo que el intendente acató un dictamen sobre los carteles pegados en espacios que pertenecen al Estado.

Pablo Donadío, defensor del Pueblo adjunto de Paraná, anunció el Ejecutivo municipal mandó a retirar los afiches sobre el aborto que muestran un feto arrancado por una pinza. Fue luego de una denuncia de un grupo de vecinos molestos por la imagen, a la cual consideraron ofensivas y morbosas, según informó el Diario Uno de Paraná en su edición del día 5 de octubre de 2010.

Al respecto, Donadío dijo a LT 14: "Nosotros no hacemos juicios de valor por el tema del aborto, sino por la difusión de imágenes de la cartelería en la vía pública, cuyos afiches están pegados en espacios no autorizados", acotó.

Seguidamente, el defensor adjunto informó que se tomó el “reclamo de los vecinos” y se emitió un dictamen al departamento Ejecutivo municipal para que intervengan en la cuestión.

"Rápidamente el municipio mandó a retirar los afiches de la vía pública", confirmó Donadío. Sin embargo aclaró que no se pudo intervenir en los espacios privados o que no le pertenecen al Estado. "Esos quedarán a consideración de cada propietario", completó

INSEGURIDAD: PROBLEMAS Y SOLUCIONES

A Ladron  

Como MAIS informara oportunamente, el encuentro se desarrolló el martes 14 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires. Fueron panelistas Jorge A. Hernández, Presidente de la Fundación Reunión de Administradores y director de la revista del mismo nombre y Juan Salinas Bohil, coordinador general de MAIS. Esta es una síntesis de lo allí expresado.

Jorge A. Hernández manifestó que la Seguridad, tal como se entiende hoy día, parecería ser un bien desconocido de acuerdo a la realidad que viven a diario los ciudadanos, y que si se analizara la cuantiosa dotación de personal y organismos estatales y privados destinados a la protección de las personas y sus bienes, se podría concluir que no debería haber lugar alguno para el más mínimo temor puesto que – parodiando a un jocoso alto funcionario público – estaríamos transitando por un período sensacional de sensación de Seguridad.

En el espacio territorial de la ciudad de Buenos Aires es donde más notoria resulta la sobreabundancia de organismos vinculados a la seguridad pública que desarrollan actividades policiales, judiciales, de inteligencia, investigación, protección, custodias privadas, etc. Hay policías de todo tipo: Federal, Metropolitana, aeronáutica, militar, Prefectura, Gendarmería, seguridad vial y el Servicio Penitenciario Federal.

También es numerosa y variada la cantidad de organismos y estructuras nacionales e internacionales dedicadas a tareas de inteligencia preventiva de actividades legales e ilegales como la Secretaría de Información del Estado (SIDE), el Servicio de Inteligencia Naval, de inteligencia militar, DEA, CIA y seguramente otras tantas que trabajan entre bambalinas al margen o en el mismo umbral de la ley.

En el ámbito judicial se destaca la superpoblación de fiscales: federales, nacionales y locales que, lamentablemente, carecen en su mayoría de conocimientos prácticos sobre metodologías y sistemas de investigación, por lo que dedican su mayor esfuerzo a incrementar la tranquila burocracia legal que consiste en abultar los expedientes y sumarios para luego archivar las causas sin resultado alguno.

En igual medida se superponen las actividades de los jueces federales, nacionales y locales, a los cuales los propios integrantes de los demás poderes del Estado últimamente parecen prestarle poca atención, además de haber manifestado en forma pública su nula voluntad de acatar sus resoluciones o sentencias.

Dentro de este esquema de “Seguridad” se pueden sumar las más de 300 empresas privadas de vigilancia y seguridad habilitadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – que en conjunto disponen de una dotación de personal que fácilmente duplican al de las fuerzas de seguridad pública –; las empresas que con igual vocación operan con habilitaciones de otras jurisdicciones nacionales o provinciales; los famosos guardianes de los boliches de baile – popularmente identificados como “patovicas” –; los encargados de los consorcios de propiedad horizontal y de casas de renta que dentro de sus obligaciones laborales tienen también a cargo la vigilancia de la puerta de ingreso y de los sectores comunes de los edificios; las empresas de transportes de caudales; los guardaespaldas y custodios personales de muy conocidos y/o impopulares figuras; y por último, la infinidad de empresas dedicadas al monitoreo remoto de alarmas y cámaras instaladas en la vía pública y en domicilios particulares.

Con este descomunal caudal de recursos humanos y económicos dedicados con exclusividad a brindar protección y seguridad a las personas y sus bienes, resulta natural concluir que Argentina haya tenido que importar delincuencia para asegurarse la continuidad laboral y presupuestaria del rubro. Es así como ahora se cuenta con la presencia de ex guerrilleros chilenos, españoles e italianos radicados y protegidos legalmente por las máximas autoridades del país, con el agregado de mafias chinas, narcotraficantes peruanos y mexicanos, carteristas chilenos y arrebatadores de la nueva Latinoamericana.

Mientras tanto, la población en general siente una absoluta desprotección emergente de lo cotidiano, con la certeza que hasta ha perdido el más simple derecho a la propiedad menuda debido a que zapatillas, camperas, celulares, colgantes y todo tipo de elementos menores son imposibles de conservar ante el asalto en cualquier momento y lugar. De los mayores, como motos, autos, alhajas o hasta la vida misma, es reiterativo hablar.

Resulta espeluznante y sorprendente escuchar a víctimas de secuestros, violaciones o asaltos violentos, darles gracias a los delincuentes por haberlos dejado con vida. Entrar o salir de una institución bancaria resulta ser una acción temeraria, puesto que los delincuentes ya no atacan a los cajeros sino a los clientes, tal vez en la creencia que los bancos carecen de solvencia suficiente para ser asaltados. Ante este panorama es razonable que proliferen los ofrecimientos de vigilancia y seguridad privada, cuyo costo no es menor: cubrir las 24 horas del día en un solo puesto fijo en la entrada de cualquier edificio, requiere del pago de 720 horas mensuales a razón de $ 25,00 más IVA por hora-hombre promedio, un gasto significativo de no menos de $ 21.780 por mes.

Así, en cada ocasión que se pacta un aumento de sueldos del personal de vigilancia, se produce una retracción en la demanda de vigilancia de los consorcios de propietarios debido al impacto directo sobre las expensas comunes. Resulta sintomático que pocos días después comienzan a difundirse por todos los medios de comunicación nuevos asaltos en edificios – últimamente con la modalidad de toma de rehenes dentro de los mismos departamentos – generando un descontrolado temor y alarma generalizada entre los copropietarios. La consecuencia inmediata es que en forma automática crece la demanda de reposición de las horas del servicio de vigilancia que había sido reducido por razones presupuestarias, mientras que en muchos casos se superan los anteriores requerimientos de horas hombres dedicados a la seguridad consorcial.

Las conclusiones sobre la mal llamada Inseguridad podría comenzar a abordarse desde ángulos no tenidos en cuenta hasta el presente por los responsables en la materia. Por ejemplo:

Debería indagarse sobre las verdaderas causas de la aparente deformación moral de los jueces, que presuponen que las víctimas son victimarios sociales de los delincuentes y por ende los dejan en libertad o no les aplican las penas que corresponden.

Capacitar a los fiscales en métodos y sistemas de investigación que no se basen únicamente en textos legales, sino en disciplinas y ciencias más modernas aplicadas universalmente a la investigación del delito urbano.

Recortar la discrecionalidad de los funcionarios públicos sobre los desmedidos recursos económicos presupuestarios malgastados en temas secundarios de la seguridad.

Requerir de los políticos que agoten los interminables debates de diagnósticos sobre las causas de la inseguridad y adopten medidas concretas en favor de la restauración de la justicia y seguridad ciudadana extraviada desde hace bastante tiempo.

Recomendar a los grandes medios de comunicación gráficos y audio visuales que no abusen en la recreación interminable de hechos de inseguridad por el simple recurso de disponer de contenidos gratuitos a costo cero de producción.

Por supuesto que muchas de las cuestiones de fondo sobre esta materia no se podrán modificar sino se da comienzo a un verdadero proceso generalizado que tienda a instaurar algunos presupuestos básicos como son:

La instalación del Juicio por Jurados prescripto por la Constitución Nacional desde 1853.

La elección de jueces y fiscales por el voto directo de los ciudadanos con mandato por tres a cinco años.

La anulación del Concejo de la Magistratura.

La imprescriptibilidad de los delitos de sangre con la anulación de las condenas condicionales y de los regímenes de salidas tempranas o temporarias para los condenados a perpetuidad.

La supresión de la carrera de abogacía en las universidades privadas por los próximos veinte años, atento a la actual sobrematriculación en los colegios públicos de la profesión.

Cumplidas estas consideraciones Recién entonces podrá vislumbrarse un futuro donde la Seguridad deje de ser una utopía y se convierta en realidad para todos los habitantes de la nación.

A su vez, Juan Salinas Bohil, comenzó diciendo que conjetura que los integrantes de la sociedad argentina tienen una gran facilidad para la queja del tipo casi lacrimógeno (lo llamó efecto Tango) pero muy poco o nulo sentido de la participación en la comunidad circundante para su mejoramiento, por lo que considera de muy difícil solución el problema de la Inseguridad, máxime cuando el tema no fue debatido en ninguna de las contiendas electorales desde 1983 a la fecha.

Advirtió, además, que cualquier posibilidad de cambio (en este caso medidas que atemperen la Inseguridad, como por ejemplo las que aquí se propondrán), serán ignoradas por quienes administran en forma temporal el orden establecido con falsos argumentos del tipo “no hay dinero”, “el pueblo no está preparado (el juicio por jurados), “lo impiden pactos internacionales”, “no es el momento”, “no hay personal”, “el periodismo falsea los índices del delito” o “magnifica las cosas”, “¿qué quieren, poner presos a los chicos de tres años?”, “el delito bajó”, o, entre otras muchos, “los que dicen que el delito aumentó esconden intenciones destituyentes”.

Aunque el Ejecutivo nacional y sus pares provinciales sean máquinas perfectamente aceitadas de acumular poder (por imposibilidad de defensa o por tácito consentimiento de los otros dos), el gobierno federal está compuesto por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, siendo los gobernadores de cada provincia …“agentes naturales del Gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación” (Art. 128 de la Constitución Nacional), Debido a ello, no pueden ni deben dejar de tener responsabilidad en lo que acontece con el tema de la Inseguridad. Por eso es más que lamentable que en forma pública se echen culpas unos a otros, nieguen el problema o directamente lo ignoren. Pero la cuarta pata del problema es el electorado, porque políticos, funcionarios y jueces son emergentes de la sociedad que directa o indirectamente, los elige. Por eso, el “que se vayan todos” se encuentra muy emparentado con la afirmación que nace de la imposible constatación acerca del “yo no los voté”.

Se hablará en este Encuentro solamente de delitos a la propiedad y a la vida, no obstante que sean públicos otros hechos gravísimos como los que se producen con las finanzas y los dineros públicos que provocan los mismos resultados, aunque de manera mucho más lenta. Argentina es un país corrompido casi hasta la médula y a merced de toda clase de bandas. Las hay de todos los gustos y edades, como las de estos culossucios que ahora se les ha dado por tomar colegios, cortar calles y agredir físicamente a los mayores, cuando en cualquier lugar del mundo ya estarían tras las rejas junto a sus padres, o mejor dicho junto a quienes los engendraron. Pero lo que subleva es que sus “líderes” han sido publicitados como si fueran premios Nobel, contando, además, con el salvoconducto que les otorgó la Casa Rosada y el silencio pusilánime de la oposición política que considera que oponerse frontalmente al delito (cortar colegios, agredir a transeúntes y cortar calles lo son) les resta votos. ¡Viva la anarquía!

Si hace un poco más de 20 años, en las grandes ciudades se comenzaron a enrejar las puertas y ventanas que daban a las calles, hoy también el enrejado es obligatorio en el interior de las casas porque los delincuentes circulan con total impunidad por los techos de las viviendas, mientras que por las calles roban a pleno luz del día ruedas o baterías de automóviles. Ni qué hablar de la carta blanca que portan carteristas extranjeros para vaciar con total desparpajo bolsillos y carteras en los subterráneos de esta Ciudad. La Inseguridad se ha ido agravando considerablemente y gobierno tras gobierno parecen competir en inoperancia. Últimamente, los funcionarios que en teoría deberían ocuparse del tema han manifestado “el delito bajó”. Podría contestárseles: “¿Dónde que nos mudamos?

El delincuente no es el típico producto corrompido por la sociedad como fundamenta la izquierda liberal gracias a Rousseau. Piensa, luego actúa. Es un ser con discernimiento pero con distintos valores a los de sus víctima. Piensa ¡y vaya si piensa! en tres cosas antes de cometer su fechoría: 1) qué posibilidad tiene de ser aprendido; 2) de ser condenado; 3) y de cumplir esa condena. La respuesta es obvia: ninguna. Por eso Argentina es el paraíso de la delincuencia de todo tipo y tenor. Y quien piense lo contrario, debe creer que vive en Suecia.

Cuando hace dos años los integrantes de MAIS impulsamos la idea de un servicio militar-social (http://www.mais.org.ar/propuestas.htm) con algunas características diferentes a las bosquejadas por grupos similares en otras partes de Argentina, lo hicieron en el convencimiento de que con seguridad no podría ser esa la solución perfecta para encaminar la vida de millones de jóvenes que carecen de trabajo, estudios, familia o son carcomidos por el alcohol y la droga luego de ocho años de pasado el inicio del milenio. Creíamos – y lo seguimos creyendo aún – que lo mejor sigue siendo enemigo de lo bueno. Es de lamentar que la situación se haya agravado enormemente.

Sin embargo, de alguna manera nos hemos sentido reconfortados porque parte de la idea fue tomada por dos políticos en boga y personajes públicos como la señora Susana Jiménez que dijo que había que volver al servicio militar obligatorio (cosa que no proponemos tal cual era conocido). Tal afirmación le valió el amplio repudio de toda la izquierda argentina subvencionada (y el silencio de la socialdemocracia parlamentaria) y hasta de un general de apellido Dotto que telecomandado retrucó con un “Los cuarteles no son reformatorios”. Por supuesto que el general no tocó a degüello en soledad sino que fue acompañado por su ministra, el de Justicia, y entre tantos otros por Hebe de Bonafini que exclamó con la diplomacia e impunidad que la caracteriza: “Estas vedettes se atreven a hablar de Derechos Humanos cuando bailaron y se acostaron con los represores". Dime entonces quién está contigo y te diré quién eres y qué intereses defiendes.

La justicia rápida no puede ser considerada verdadera justicia, pero la lenta, lentísima que existe en Argentina, tampoco. Esta última, en especial la que atañe a hechos delictivos supuestamente cometidos por funcionarios públicos en mucho se parece a los famosos juicios de residencia con que la corona española sometía a revisión todos los actos de los funcionarios al término de sus actuaciones. Como ahora, una especie de juicio “bueno para nada”.

La Corte Suprema sufre el mismo descrédito que toda la Justicia porque sus fallos, como los de cualquier juez, son discutidos hasta el paroxismo o no son cumplidos. Eso no se ve bien. Sería beneficioso para la sociedad que dos de sus integrantes abandonen el sitial en el que han sido colocados porque no sólo no representan los intereses de una inmensa porción de la ciudadanía sino que además se muestran abiertamente en su contra.

Debe implementarse como marca la Constitución desde 1853 el Juicio por Jurados (arts. 24, 75 inc.12 y 118) para ver con claridad cuál es la forma de pensar del pueblo, totalmente alejada y opuesta de la que impone coercitivamente el poder político. Debería llamar poderosamente la atención que se intente que una norma fundamental del estado de derecho pierda lentamente vigencia por el solo hecho que los tres poderes de la República no la hagan cumplir.

Nos encontramos en un tiempo en que el sindicalismo pide que se haga cumplir uno de los “derechos” consagrados en el artículo 14 bis mientras los demás duermen el eterno sueño de los justos. Si los vamos a poner en vigencia, ¡pongámoslos a todos! y no tan solo aquellos en que se mueven grandes sumas de dinero. Y si quienes deben hacer cumplir nada más ni nada menos que la Constitución Nacional, encaramados en los más altos niveles del Gobierno, la violan abiertamente, establecen un grado de opresión del tipo feudal al mismo tiempo que se convierten en agentes subversivos dentro del Estado a quien representan. Darían motivo con esa actitud a un legítimo “derecho a la resistencia” por parte del pueblo para garantizar los derechos conculcados y poder así “alcanzar su seguridad y felicidad” como reza la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América en 1776, país a cuyos principios rectores la dirigencia se acopla únicamente cuando le conviene.

En cuanto a los fiscales, éstos deben ser electos por el voto popular y los juzgados que atienden los casos criminales tienen que atender las 24 horas del día, salvo que los cuerpos de bomberos, policías y hospitales puedan abrir sus puertas durante seis horas diarias corridas por la mañana y de lunes a viernes. Si la policía es el brazo armado de la ley, los fiscales deben encabezar los procedimientos contra el delito de manera de controlar que todo se haga correctamente. La población debe conocer los nombres y fotografías de los narcotraficantes apresados en los últimos años – si los hubiese –.

Como la cadena suele cortarse por lo más delgado, son muchos los que echan sobre las espaldas de la policía todos los males conocidos y por conocer. A pesar de ello, en este punto, el panelista afirma que entre el uniformado y el delincuente, siempre elegirá al primero.

La policía transita la misma dirección que el delincuente pero en sentido contrario, por lo que toda desviación debe ser castigada severamente. Los magros sueldos de sus integrantes los han llevado a privatizarse prestando servicios en los famosos “adicionales” de custodia de kioscos, supermercados, bancos, financieras, restaurantes, camiones de seguridad bancaria, paseos de compras, boleterías de estaciones de subterráneos, ferrocarril y terminales de colectivos, cobrando dinero “en negro” que los obligan a “servir” hasta doce horas diarias. Debe cesar en forma inmediata en esa tarea triplicando su salario a la par que debe reclutarse personal mucho más capacitado que el que en la actualidad ingresa a las distintas fuerzas.

La droga ha pasado a ser mercadería de consumo legal. Es urgente radarizar el espacio aéreo argentino en toda su extensión y otorgar permiso a la Fuerza Aérea para derribar toda aeronave que viole nuestra frontera sin permiso y que se haya negado a aterrizar en un lugar designado previamente por las autoridades. Por su parte, la Gendarmería debe volver a custodiar las fronteras porque prestando labor en ciudades y estaciones de ferrocarril, su función se ha desvirtuado.

Deben trazarse en las villas amplias calles asfaltadas y poner en funcionamiento en cada una de ellas un completo destacamento policial – con una comisaría de la mujer incluida – y una fiscalía. Tal acción tiene como objeto proteger las vidas y los bienes no sólo de los que viven fuera de ellas sino, fundamentalmente, de sus habitantes.

Se podrá decir que las medidas propuestas han sido pronunciadas por un radical: es cierto. También lo es la furia de la delincuencia. Es tiempo que los responsables finalicen con sus sesudos análisis y pongan manos a la obra en el tema, porque lo que sucede lo sabemos todos. Algunos (¿algunos?) diferimos en las causas y las soluciones.

RECLAMAN AL SENADO QUE NO LEGALICE EL “INFANTICIDIO”

Infanticidio

“Resulta sorprendente que el cuerpo legislativo haya valorado en un nivel tan bajo la vida humana simplemente porque la victima es un recién nacido. La indefensión de una criatura de tan corta edad y el vinculo con la autora del homicidio, lejos de configurar factores de atenuación justificaban al menos que se mantuviera el criterio normativo vigente, sin perjuicio de que el Congreso pudiera en algún momento, como lo ha reclamado la doctrina, redimensionar la pena prevista para los casos en que el homicidio agravado por el vinculo se ejecute en estado de emoción violenta”. Así lo expresa una declaración de la Corporación de Abogados Católicos ante la media sanción en el Congreso de la Nación, de un proyecto que “reduce a su mínima expresión la pena del homicidio de un niño durante o después de su nacimiento, bajo un ambiguo estado puerperal de la autora del delito”.

El texto esta firmado por Eduardo Bieule y Guillermina M.C. de Fuschini Mejia, presidente y secretaria de la Corporación, respectivamente y, tras alegar que el derecho a la vida de los niños “ha quedado peligrosamente menoscabado”, reclama al Senado de la Nación “el rechazo del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados”. El texto completo de la declaración es el siguiente:

Declaración publica sobre el infanticidio

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto que reduce a su mínima expresión la pena del homicidio de un niño durante o después de su nacimiento, bajo un ambiguo estado puerperal de la autora del delito. Queda así transformado en un delito de competencia de la Justicia Correccional por tener un máximo de tres años de prisión, sujeto a beneficios como la excarcelación, eximición de prisión, condena de ejecución condicional y suspensión del juicio a prueba.

La misma conducta esta hoy penada como homicidio calificado castigado con reclusión o prisión perpetua salvo que medie alguna causal de inimputabilidad o de inculpabilidad o una circunstancia extraordinaria de atenuación como la emoción violenta.

Resulta sorprendente que el cuerpo legislativo haya valorado en un nivel tan bajo la vida humana simplemente porque la victima es un recién nacido. La indefensión de una criatura de tan corta edad y el vinculo con la autora del homicidio, lejos de configurar factores de atenuación justificaban al menos que se mantuviera el criterio normativo vigente, sin perjuicio de que el Congreso pudiera en algún momento, como lo ha reclamado la doctrina, redimensionar la pena prevista para los casos en que el homicidio agravado por el vinculo se ejecute en estado de emoción violenta.

La Convención sobre Derechos del Niño, cuyos preceptos tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN), proscribe en su articulo 2. 2 toda discriminación que perjudique a un niño. Además en el articulo 3.1 declara que “los órganos legislativos” deberán ajustarse en su actividad al “interés superior del niño”.

La ley 26.061, reglamentaria de la mencionada Convención, en su articulo 3° define a ese “interés superior” como “la máxima satisfacción integral y simultanea de los derechos” del niño, agregando el art. 5 que, cuando tales derechos “colisionen con los intereses de los adultos”, el menor tendrá “prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica”.

Objeto de especial salvaguardia tanto en la Convención como en la ley reglamentaria, lo constituye el derecho a la vida que, mediante el objetable proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, ha quedado peligrosamente menoscabado.

Ante tamaña inconsecuencia con normas de jerarquía constitucional, la Corporación de Abogados Católicos, en defensa de la vida inocente, solicita al H. Senado de la Nación el rechazo del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.