sábado, 7 de noviembre de 2009

PURA AGITACIÓN LEGISLATIVA POR PROYECTO DE LEY DE MATRIMONIO HOMOSEXUAL




El proyecto de Ley de Matrimonio homosexual no sería aprobado, habiendo sido utilizado el mismo a los efectos de agitar a la sociedad con el tema, e instalándolo previo a una marcha homosexual realizada el 7 de noviembre de 2009 en Capital Federal.
En dicho proyecto obrante en un acomisión de la Cámara de Diputados, se pretende la aberración jurídica de incluír a "parejas del mismo sexo", en medio de la marcha homosexual.
Según Parlamentario.com, la ley de Matrimonio "homosexual" no se aprobará, no obstante la intención del kirchnerismo de hacer avanzar la iniciativa (que ya tendría dictámen)
La federación de invertidos que está detrás del proyecto (FALGBT, Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales), pretenden que si no se aprueba como una equiparación al matrimonio,se realice una modificación con un cambio de figura legal como unión civil.
El proyecto de la diputada Vilma Ibarra (Encuentro Popular y Social) tiene pedido de preferencia para ser tratado en las próximas sesiones.

Instrumento de la putocracia
El INADI acompaña a los invertidos en la marcha que este año tuvo el "lema" de "Matrimonio para todos y todas" (como si la institución del Matrimonio planteara exclusiones irracionales, como la de niños o de personas de un mismo sexo).

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) manifestó públicamente su participación en días previos a la 18va. Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual, y de las 18 desde Plaza de Mayo al Congreso.

El INADI marchó "en favor de la diversidad y en reclamo de la igualdad de derechos junto a la derogación de los artículos discriminatorios de los códigos de faltas y contravencionales de todas las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", dice un comunicado del Instituto, en lo cual delata su naturaleza real: ser el instrumento de imposición de la putocracia.

La presidente del INADI, María José Lubertino, expuso además, en una reunión plenaria de las Comisiones de Legislación General y Familia de la Cámara de Diputados, en favor de la modificación a la ley para el matrimonio entre personas del mismo sexo.

ASUMIRÁ NUEVO TITULAR DEL SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE


En la foto: el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal
El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, anunció que el próximo jueves 12 de noviembre asumirá el nuevo titular del Servicio Penitenciario Bonaerense, Javier Mendoza.
El acto de asunción se realizará en el Ministerio de Justicia, ubicado en la Torre Administrativa Gubernamental II de calle 12 entre 53 y 54, a las 12.
Mendoza es un funcionario de reconocida trayectoria en el Poder Judicial, donde viene desempañándose desde hace más de 20 años. En la actualidad ocupa el cargo de Fiscal en el Departamento Judicial de Quilmes.
Desde la cartera de Justicia se informó que Mendoza ocupará sus funciones en del Servicio Penitenciario provincial dada la renuncia presentada días pasados por Fernando Díaz.

¿ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE SECRETARIOS DE CRISTINA KIRCHNER?



En la foto: Cuatro secretarios privados que asisten a la Presidente Cristina Kirchner fueron imputados en la primer semana de noviembre de 2009 por enriquecimiento ilícito.

Los mismos tienen un llamativo incremento de sus bienes, y se trata de Isidro Bounine, Fabián Gutiérrez, Daniel Muñoz y Daniel Alvarez.
El fiscal Guillermo Marijuán pidió al juez federal Claudio Bonadío que solicitara informes sobre el llamativo incremento de sus bienes, que les permitió construir casas millonarias, complejos de cabañas, comprar departamentos y terrenos, y fundar empresas en el lapso de cinco años.
El juez federal Claudio Bonadío investigaba a Gutiérrez tras conocerse que construía una lujosa casa en El Calafate, con un valor estimado de un millón de dólares, en tanto que el fiscal Guillermo Marijuán pidió investigar a los restantes asesores tras la denuncia presentada por el abogado Enrique Piragini, según informó el diario La Nación.
Según el referido medio, Bounine fue designado en 2005, y es investigado por la Oficina Anticorrupción a causa de sus declaraciones juradas, que revelan que sus bienes crecieron 50 veces en tres años. En 2005 tenía inicialmente 15 mil Pesos en efectivo, pero en 2008 su patrimonio era de unos 750 mil Pesos, casi el doble que Gutiérrez, y todo con un sueldo de $ 15 mil. La madre del referido cuidaba a Florencia Kirchner en la casa del matrimonio Kirchner cuando gobernaban en Santa Cruz.
Gutiérrez ingresó en 2003 con $ 53.590, pero en 2008 reconoció bienes por más de $ 400.000, aumentando más de siete veces su patrimonio.
Julio Daniel Alvarez en 2003 declaró un patrimonio de $ 5860, pero en 2008 ascendió a $ 298.406.
A su turno, Héctor Daniel Muñoz tuvo un incremento patrimonial del 11 mil por ciento, pasando de $ 14.000 en 2003 a casi un millón 600 mil Pesos en 2008. Hoy admite poseer un complejo de 6 cabañas en El Calafate sobre un terreno de 1285 mts cuadrados adquirido en 2003 por $ 9637, y que en 2008 le generó ingresos por $ 472.314 en alquileres. En el rubro "mejoras" declaró una inversión de $ 269.347 en el emprendimiento.También tiene $ 450 mil en efectivo, una caja de ahorros con $ 10.673 y una cuenta corriente por $ 42.273. A su patrimonio ingresaron $ 170 mil el 24 de noviembre de 2008 a causa de la venta de un terreno de Río Gallegos , que había comprado en 2006 por $ 44.700.

LA UCR NACIONAL EXPUSO UNA PROPUESTA CONTRA LA INSEGURIDAD




Programa de Política Criminal y Prevención del Delito
Violencia social e inseguridad ciudadana: Diagnóstico y Propuestas
Las siguientes ideas y propuestas tienden a elaborar un Programa de Política Criminal y Prevención del Delito. Violencia social e inseguridad ciudadana: Diagnóstico y Propuestas. El aporte referido forma parte integrante (Capítulo VII: Aportes para un programa de investigación sobre política criminal y prevención del delito; páginas 222/248 inclusive) de mi último libro titulado: "POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD. MEDIDAS ALTERNATIVAS Y DERECHOS HUMANOS", publicado por Cathedra Jurídica, septiembre 2009, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En síntesis, estas son las conclusiones del referido trabajo: 1) Es prioritario estudiar en profundidad las causas y factores estructurales de los problemas, evitando la aplicación de medidas fáciles, coyunturales y demagógicas. 2) Sin Justicia Social, no habrá paz ni seguridad ciudadana. 3) La violencia social e inseguridad ciudadana requiere una mirada múltiple e interdisciplinaria. Política Criminal y Prevención del Delito; Penas y Sistemas Penitenciarios; políticas educativas, como eje estratégico y central de las políticas de gobierno; Conducta Antisocial Minoril (Régimen Penal Juvenil); uso y abuso de las adicciones; Políticas Sociales y Derechos Humanos; Justicia Penal, son todas cuestiones que están ligadas y necesitan ser analizadas y estudiadas en su conjunto, sobre datos estadísticos, con base cierta, con estricto rigor científico, histórico-comparativo y desprovistas de cualquier intencionalidad política.
4) La mejor política criminal es una buena política social, y la sociedad más segura es la más justa, equitativa y solidaria, y no aquella que tiene mejor organizado su sistema de represión. 5) El aumento de las escalas penales punitivas, no disminuye la tasa delictiva, ni tampoco soluciona ni da respuestas adecuadas al incremento de la delincuencia convencional y menos aplicando políticas de control de mayor dureza y represión. Estas políticas de mayor control social, de tolerancia cero y exclusión, lo único que van a traer es más cárceles, más impuestos y más pobreza.
6) El núcleo central de la crisis es básicamente moral. Ausencia generalizada de ejemplos verdaderos. Por lo tanto es necesario e indispensable revalorizar el concepto de familia, que constituye la célula primaria de la vida y el crecimiento social. 7) Sostengo parafraseando a Eberhardt Schmidt que por la "importantísima influencia del punto de vista político, el objetivo del proceso penal está en peligro constante de ser apartado de su finalidad de verdad y Justicia, y de ser puesto al servicio de propósitos políticos autoritarios" (Cfe: ob.cit. en "Los Fundamentos Teóricos y Constitucionales del Derecho Procesal Penal", Ed. Bibliográfica Argentina, año 1957).
8) Una eficaz política criminal y de prevención del delito, debe abordar tres aspectos fundamentales, a saber: 1) La prevención con políticas de empleo, asistencia, contención social, familiar y educación; 2º) Con la participación de la comunidad en tareas de prevención (involucramiento de las personas-compromiso de la sociedad civil) y el uso racional de los recursos policiales; 3º) la parte o el aspecto represivo, es decir la actuación de la ley penal al caso concreto, en forma rápida, con juicio oral y público.
9) El "efecto Blumberg" llenó las cárceles de pequeños delincuentes y abuso de la prisión preventiva (75% del total de las personas detenidas sin sentencia), toda vez que está demostrado de forma clara e inequívoca en distintos países del mundo, que ni el aumento de las penas, ni la reducción de la edad de imputabilidad, ni mejorar la dotación de las policías aisladamente, obran como elementos disuasivos eficaces de la delincuencia.
10) Sociedades desiguales, producen fuertes tensiones sociales. Así pues, en nuestro país vale recordar que existe una inequitativa distribución de la riqueza: el 10% más rico de la población se lleva u obtiene el 40% de los ingresos y el 10% más pobre sólo el 1,4% de los ingresos, constituyendo esta brecha una de las mayores desigualdades no sólo en América Latina, sino también del planeta. Paradójicamente, la República Argentina es la quinta potencia alimentaria del mundo, produciendo 90 millones de granos por año (ONU-FAO), La desigualdad es motor de la violencia y la inequidad social embrutece y perjudica el diálogo entre los hombres. Consecuentemente constituye un imperativo insoslayable descender las desigualdades sociales, y por lo tanto se deben articular políticas económicas con Justicia y Equidad orientadas a tal fin.
11) En sintonía con el pensamiento de los ilustres Juristas Césare Beccaria, Francesco Carrara y Massimo Pavarini sostenemos no es tan importante la severidad de la sanción, sino la certeza, de que siempre, un delito, cualquiera fuere la naturaleza de su gravedad, fuera sancionado, afirmando además que cuanto más pronta y cercana al delito cometido sea la pena, será más justa y más útil.
12) Se deben impulsar programas de atención y protección a las víctimas de los delitos; otorgar mayor autonomía al Ministerio Público y la implementación de una Policía de Investigaciones que contribuya a reducir los niveles de impunidad, garantizándole al Poder Judicial y demás funcionarios independencia y estabilidad. En esa línea de reformas procesales se debe instrumentar una base tecnológica moderna, actualizada y dinámica.
13) No existe en la actualidad un Programa de Política Criminal. Pareciera que para los actuales gobernantes no es prioridad debatir y analizar el Proyecto de Reformas al Código Penal, toda vez que se encuentra archivado desde el año 2006, y al decir del Profesor Raúl Zaffaroni respecto de la citada Comisión de Juristas encabezados por el Profesor David Baigún que "definió a los integrantes como lo mejor del penalismo de todo el país".
14) Necesidad de sancionar una Ley sobre Régimen Penal Juvenil. 15) Imprescindible Reforma Penal (tanto el Código de Fondo, como el Procesal). 16) Es necesario e indispensable la existencia de un Poder Judicial libre e independiente, que tenga plena conciencia del papel que le toca desempeñar, así como de sus atribuciones y obligaciones irrenunciables y del peso de su responsabilidad Histórica. Para que exista un Poder Judicial libre e independiente, es indispensable la existencia de Abogados libres e independientes, sin ningún tipo de atadura ni subordinación jerárquica, ya provengan de los poderes e intereses públicos o privados.


Dr. Marcos Edgardo Azerrad
Lavalle 1672 - Oficinas 30 y 25
TE 4372-1175 // 4371-9630
marcosedgardo@uolsinectis.com.ar

PROBLEMAS CON EL JUEZ ROZANSKI EN EL TRIBUNAL ORAL CRIMINAL FEDERAL 1 DE LA PLATA


En la foto: el juez Carlos Alberto Rozanski, acusador y acusado a la vez dentro del Tribunal Federal platense

Responsabilidad
El juez Carlos Alberto Rozanski del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, denunció la desaparición del cuerpo XII de la causa 2913/09 seguida por delito de extorsión (art. 168 del Código Penal) del escritorio de la Dra Renata González al Presidente del Tribunal, Dr. Horacio Insaurralde.
La desaparición se habría producido entre la tarde del día 8 de septiembre de 2009 y la mañana del 9 del mismo mes.
Según el magistrado, no ha sido informado sobre la citada desaparición del cuerpo del expediente, ni se habría iniciado sumario para deslindar las responsabilidades del caso, considerando dicha situación como “de suma gravedad”, ya que en el mismo se encuentran involucrados funcionarios públicos.
El juez solicitó que respecto de la Dra. Renata González, secretaria contratada del Tribunal, que se inicie sin dilación el correspondiente sumario administrativo y la reconstrucción del cuerpo XII, apartándose de inmediato a la nombrada funcionaria de sus funciones contratadas hasta tanto se aclaren los hechos. También solicitó el mismo en fecha 30 de octubre que se ponga en conocimiento del Consejo de la Magistratura en la persona de la diputada Diana Conti, las referidas circunstancias, mientras se realizaba una auditoría al mencionado Tribunal sin informarse tales circunstancias a los Auditores, pese a que la desaparición se produjo con anterioridad a su visita en fecha 26 de octubre.

Hostigamiento de Rozanski
El día 2 de Noviembre de 2009 se esclareció por los jueces Pablo D. Bertuzzi y Horacio Alfredo Isaurralde “que a fs. 2655 la actuaria informó que entre los días 8 y 9 de septiembre del corriente año advirtió la faltante del cuerpo citado, tras lo cual se ordenó su búsqueda exhaustiva”, detallándose la existencia ante la Fiscalía Federal de Quilmas de una copia certificada del cuerpo en cuestión.
Tras el esclarecimiento de la situación, califican como un “nuevo hostigamiento que evidencia la actitud del juez Rozanski en perjuicio de la secretaria Renata González, claramente evidencia una suerte de persecución laboral que el Tribunal no puede tolerar bajo ninguna circunstancia. La actual actitud se condice con la oportunamente adoptada en el mes de mayo del corriente año por el magistrado al sancionar sin sumario administrativo a la mencionada secretaria”
También sostienen que el juez Rozanski atribuye exclusivamente la responsabilidad a la secretaria, en una “clara parcialidad y arbitrariedad”, rechazando la petición del mismo.

Propuestas improcedentes
Por otra parte, en la misma fecha se realizó coincidentemente un nuevo pronunciamiento por los Dres. Pablo D. Bertuzzi y Horacio Alfredo Isaurralde, en el cual se califica de “nuevo y peculiar oficio realizado por el colega Rozanski”.
La resolución aborda el “trámite de la causa n° 2789/08” seguida por el delito de injurias recíprocas, tráfico ilegal de personas agravado, abuso sexual, lesiones, reducción a servidumbre y privación ilegítima de la libertad (arts. 116 del Código Penal, y 121 1° parte Ley 25.871, 119, 90, 140 y 142 bis respectivamente).
Menciona la resolución, según las fuentes del Diario Pregón de La Plata informaron, que “la citada causa por expresa inquietud del colega oficiante se encuentra en trámite en su vocalía (la de Rozansky) desde hace varios meses. Asimismo días pasados, ante la urgente solicitud del mencionado en cuanto a que refrendáramos un proyecto de proveído de prueba, le hicimos saber que amén de necesitar tomar contacto con dicho expediente y proyecto, no compartíamos su idea de recibir declaraciones testimoniales a diversos testigos de la provincia de Salta, sin que para ello, y tal como lo establecen los artículos 132 y 246 del ordenamiento de rito, se efectuaran tales actos por vía de exhorto y con la debida intervención del juez feeral de la jurisdicción, más allá de que el Tribunal lo autorizara –al juez Rozanski- para su diligenciamiento”.

Apresuramiento “sin urgencia”
Es un resolución, dan cuenta los referidos Magistrados que explicaron al Juez Rozanski la necesidad de “librar un exhorto diplomático o al menos vía INTERPOL” por trámites ante las autoridades judiciales de la República de Bolivia, aclarando que la recepción de testimoniales a ciudadanos bolivianos que residen en dicho país se encuentran “más próximos a la provincia de Jujuy y no a la de Salta en la que el colega mencionó como lugar para recibir sus declaraciones”.
Señalan ambos magistrados que “el apresuramiento del juez Rozanski en adoptar medidas procesales en causas, sin la debida intervención de los suscriptos, se está tornando una constante –ver causa n° 2901 del registro del Tribunal-, circunstancia que impide en lo concreto el debido desempeño jurisdiccional de los jueces naturales que deben intervenir en la causa”.
Según los jueces, “no existe urgencia” como la alegada por el referido Magistrado, y las medida que el mismo propone serían apartadas de la Constitución Nacional, los Tratados internacionales sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, mostrando los mismos interés en que “las medidas procesales a adoptarse en el marco de la causa referida… procurando sobre todo que no se lleven a cabo actos susceptibles de ser declarados nulos”.

Inteligencia a Bertuzzi e Insaurralde
Los jueces Bertuzzi e Insaurralde, ante la Secretaria del Tribunal, María Verónica Michelli, calificaron las manifestaciones de Rozanski como “imprudentes” en torno a los horarios de entrada y salida del Tribunal, de uno de los suscriptos”, mientras que “deliberadamente, y con fines claramente descalificantes, el juez Rozanski, efectúa –una vez más- menciones sobre los horarios de entrada y salida de los jueces que integran el Tribunal”.
También señalan que el Magistrado Rozanski se dedica a descalificar la labor de sus colegas en alusión a horarios, produciendo “situaciones sumamente graves e irritativas” con sus pares.
Atribuyen Bertuzzi e Insaurralde que “alguien… se encuentra realizando, como en las mejores épocas de la dictadura, una suerte de tarea de inteligencia respecto a los movimientos de los suscriptos”, afirmando que “la misma podría estar dirigida a impedir la labor jurisdiccional que nos compete o afectar nuestra integridad física”.
Destacan a su vez que sólo se deja constancia por “las medidas oportunamente por decisión del juez Rozanski en cuanto a registrar los horarios de entrada y salida del Tribunal”, donde se anotan “sólo los ingresos del personal y funcionarios del Tribunal, omitiéndose el registro de otros, que por cierto se producen con destacada frecuencia sin registro alguno”.